Programa 09: 337 y las excepciones para los derechos humanos

Buena parte de la polémica en torno a los 61 artículos constitucionales que está debatiendo la Asamblea Nacional para la reforma, se la ha llevado la discusión sobre los artículos 337 y siguientes, que hablan de las garantías de derechos humanos que brindaría el Estado venezolano en caso de decretar un estado de excepción y suspensión de garantías.
Básicamente los diputados borraron del articulado de 1999 las garantías de un debido proceso, el derecho a la información y la protección de los derechos intangibles de los ciudadanos, bajo una serie de argumentos que incluyen desde el discurso belicista y de inminente invasión extranjera hasta la legitimación de prácticas comunes del pasado.
Para discutir sobre el tema conversamos con Pablo Fernández, coordinador de la Red de Apoyo por la justicia y la paz; y con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público y ex coordinador de Radio Fe y Alegría.

Durante el programa contraste las posiciones de los especialistas con las del periodista Eleazar Díaz Rangel, que defendió que el Estado haga paréntesis en el derecho a la libertad de información cuando el poder Ejecutivo decida decretar los estados de excepción en un escenario de invasión extranjera.

Sin embargo, paralelo al tema de la libertad de expresión y lo que significa ésta como garantía de freno o registro de los excesos del Estado, como apuntó Correa, el otro tema es el derecho al debido proceso, cuya eliminación también fue criticada por el Fiscal General, Isaías Rodríguez.
Por su parte, Pablo Fernández explicó que el 337 afecta las condiciones de vida que se dan en el marco de un estado de excepción, cuando el Estado está incapacitado para defender a toda la ciudadanía y debe restringir ciertos derechos para garantizar la vida. Sin embargo, incluso el Estado tiene unos límites de acción que en nombre de la defensa de la ciudadanía están establecidos previamente en convenciones y tratados internacionales que ha firmado el país y que garantizan la defensa de la dignidad humana y el derecho a un trato humanitario, materia que antiguamente fue violada por otros gobiernos generando desaparecidos políticos y asesinatos aún impunes.

Para Fernández, la constitución de 1999 constituyó en esa materia un avance irrenunciable a las garantías judiciales fundamentales para un Estado democrático, por lo que tacharlo supondría un retroceso: "Esto es inconstitucional y va en contra de la misma constitución, estamos a tiempo de enmendar el capote".

El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, detalló que un ejemplo de sus pensión de garantías por un desastre natural fue el deslave de Vargas, en el que se registraron violaciones de derechos humanos con ajusticiamientos de parte de los militares. Otro ejemplo fue la excepción decretada en materia económica por el gobierno de Rafael Caldera para evitar problemas mayores en una crisis bancaria. Y el tercer tipo tiene que ver con conmociones internas, como el Caracazo, los golpes de Estado y la situación fronterizas, todos momentos que incluyeron situaciones lamentables en las que funcionarios estatales excedieron su papel bajo la consigna de "En Estado de excepción, muerto no se paga", cuando la legislación avanza hacia la contención y aplicación de justicia.

Asimismo resaltó que los Estados de Excepción están regulados también en su extensión, y la legislación incluye un número de días límite para la medida excepcional, elemento que fue tachado en la propuesta de reforma por la Asamblea Nacional (el cambio del 337 y sucesivos no fue propuesto por los primeros 33 artículos originales del presidente Chávez) para dejarlo ilimitado según decisión y conveniencia del ejecutivo nacional.

Ambos defensores de derechos humanos relataron que las garantías han sido suspendidas en años anteriores, pero es justo eso lo que ha criticado el gobierno actual. La experiencia más cercana fue al suspensión de garantías en la frontera venezolana, donde se registraron una gran cantidad de abusos de parte de la milicia y los teatros de operaciones. Por otro lado, relataron que durante el Golpe de Estado de 2002, la red de radios Fe y Alegría pudo informar al país y a Latinoamérica sobre los excesos del gobierno de facto de Carmona Estanga porque a pesar de la represión, la legislación así lo permitía, situación que no se dio en el año 92, cuando había censores en los medios de comunicación. Si las leyes del momento no hubiesen existido para entonces, acotó Correa que Carmona hubiese podido violar esos derechos pero de manera legal, lo que no le traería sanciones posteriores.

Al argumento de que respetar ese derecho al debido proceso permitió la liberación de los golpistas, Pablo Fernández preguntó: ¿no lo pudieron hacer por respetar el "debido proceso" o por la incompetencia y la ineficacia del sistema judicial de este país?

Fernandez también dijo que la experiencia en otros países es que por lo general los Estados mienten. Cuando se centraliza la información es difícil contrastar los datos porque los medios no tienen la libertad de informar correctamente sino dar los partes de guerra del Estado central.

Correa insistió en recordar los estados de excepción en Venezuela, que se han convertido en un despeje de vías para la represión: "se convierten en la herramienta para que se produzcan más violación de los derechos humanos", cuando su función es la contraria, y agregó que justo en la medida en que se restrinjan las comunicaciones, menos capacidad habrá de informar la realidad y registrar las posibles violaciones que se cometan.

- Les el pronunciamiento del Foro por la Vida sobre el 337.
- Escuche un debate entre infociudadanos sobre los estados de excepción y los Derechos Humanos.
- No vamos a esperar por 30 mil desaparecidos para decir: "yo no sabía".
- El Defensor del Pueblo tampoco estuvo de acuerdo con la redacción.

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